Supongamos que Miguel Ángel Brito, el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) haya cometido él solo una serie de irregularidades y que ellas hayan provocado una cadena de obras realizadas -o no- utilizando de manera ineficaz fondos públicos. Hagamos de cuenta que toda la ingeniería de controles y de burocracia que posee el Estado para autorizar la ejecución y el pago con recursos del Tesoro fue, de alguna manera, burlada por el solitario Brito. Añadamos a todas estas conjeturas la posibilidad de que en cinco años la habilidad del ex funcionario haya sido tal que nadie -absolutamente nadie, incluyendo al Tribunal de Cuentas- se había percatado de tremenda seguidilla de irregularidades, empresas con sedes fantasmas y malas decisiones sobre preferencia de realización y ejecución de obras.
Si todas estas suposiciones fueran ciertas, o Brito es un genio o un importante número de funcionarios públicos son incompetentes o cómplices de las malas acciones. Sólo dando por ciertas algunas de estas opciones se puede entender que un hasta hace poco integrante del Poder Ejecutivo de la tercera línea de mando haya podido cometer tantos errores o irregularidades.
Otra conjetura
Dejando de hacer "blanco" en Brito por un momento, surgen muchas preguntas sobre cómo funciona el control del Estado sobre los fondos públicos. No miente el ex funcionario cuando dice que la Dirección General de Rentas o la AFIP deberían haberse ocupado de constatar los domicilios reales de las empresas contratistas de la DAU o su cumplimiento fiscal diverso, que incluye la emisión de facturas en regla y la presentación de declaraciones juradas y balances de manera regular. Tampoco es mentira que cuando cualquier proveedor del Estado presenta una boleta para cobrar una obra o un servicio atraviesa una serie de tediosos y poco expeditos trámites burocráticos. La peregrinación comienza por la repartición en la que se presenta la factura, sigue por el control preventivo del Tribunal de Cuentas, pasa por Secretaría de Hacienda y por Tesorería, para luego regresar al organismo de contralor. Estos son los pasos mínimos por los que atraviesa cualquier expediente de algún prestador estatal. Supuestamente, en ese camino por diferentes organismos, se verifican la autenticidad de la empresa, si la obra o servicio efectivamente se realizó, si existen los fondos pertinentes para cumplir con ese contrato y si el proveedor posee toda la papelería legal que le permita percibir el dinero de todos los tucumanos que administran los gobernantes de turno.
Volvamos a hacer foco en el ex director de la DAU y supongamos que durante los alrededor de 60 meses que estuvo a cargo de la repartición montó él solo, sin ayuda alguna, un sistema aceitado y eficaz de evasión de controles diversos para favorecer a conocidos o a su propia persona. Esta suposición, casi sin dudas, parece muy poco probable.
Es en este punto donde aparecen una serie de preguntas políticamente incorrectas: ¿ningún funcionario, de mayor o menor rango de Brito, se percató de tremenda mella para el erario público? ¿Si en la DAU se entregaron obras y servicios a empresas que no existen, ninguna otra repartición estatal realizó las mismas prácticas? ¿Por qué el ex bussista sigue siendo "mimado" por hombres del alperovichismo si cometió tantas tropelías? ¿A qué se debe la falta de interés de diversos organismos públicos en monitorear debidamente qué se hace con el dinero público y quién le presta servicios al Estado? ¿Protege a alguien?